Proyecto de Ley de Educación Emocional Integral y Formación Socioemocional en el Servicio Público Nacional.
Una base común.
Muchas realidades.
Aprender a reconocer las emociones, escuchar, tomar decisiones y resolver conflictos forma parte del desarrollo integral de las personas.
La propuesta articula esas capacidades en un marco federal, gradual y basado en evidencia. El marco común educativo se acuerda en el Consejo Federal de Educación y cada jurisdicción define su organización y adecuaciones, respetando la autonomía universitaria. Vincula la educación con herramientas concretas para la convivencia y, en un trayecto diferenciado, con la formación de quienes trabajan en la Administración Pública Nacional.
Esta web presenta los documentos del proyecto aportados por su autor. No acredita sanción de la ley ni implementación oficial.
Capacidades para convivir mejor, con formación adecuada a cada función y contexto.
Una educación emocional transversal que acompaña la enseñanza y la convivencia escolar, respetando edades, niveles, modalidades y diversidad territorial.
Un trayecto laboral y organizacional para fortalecer la atención a la ciudadanía, el trabajo cooperativo y el manejo responsable de situaciones complejas.
La formación desarrolla aprendizajes y prácticas. Los diagnósticos y tratamientos corresponden a los sistemas y profesionales competentes.
Participación sin exposición obligatoria de experiencias personales, sin perfiles emocionales ni reconocimiento automatizado de emociones.
Materiales, actividades y apoyos adecuados a las edades, la discapacidad, la diversidad cultural y las realidades de cada territorio.
Seguimiento de aprendizajes, productos y resultados institucionales mediante información agregada o disociada.
El Manual Nacional desarrolla diez módulos, 24 secuencias de clase y materiales reproducibles: casos, guiones, rúbricas y formularios para el trabajo institucional.
Consultar el manual nacional ↗Síntesis temática de los módulos. El marco común se concierta en el Consejo Federal de Educación. Cada jurisdicción define organización, secuencias y modalidades, sin imponer un diseño curricular uniforme. Los manuales son documentos técnicos complementarios y no integran el texto normativo de la ley.
Derechos, responsabilidades, competencias y límites de actuación para tomar decisiones educativas fundamentadas.
Conceptos y evidencia para desarrollar capacidades socioemocionales con criterio educativo.
Diseño de propuestas adaptadas a la edad, el nivel, la modalidad y el contexto.
Escucha, participación, comunicación y resolución pacífica de conflictos.
Prevención, cuidado y actuación institucional ante situaciones presenciales y digitales.
Identificación de barreras, apoyos y adecuaciones para una participación efectiva.
Delimitación del rol educativo y articulación con circuitos de orientación y protección.
Registros mínimos, protección de datos y evaluación de aprendizajes sin perfilado emocional.
Planificación institucional, responsables, recursos, seguimiento y mejora.
Aplicación de los contenidos en productos y propuestas pertinentes para cada institución.
23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada una con su manual territorial y su mapa de capacitación propuesto.
Las jurisdicciones que adhieran organizarán la implementación con presupuestos propios y aportes nacionales del programa, según alumnos y/o personal a capacitar y los fondos federales autorizados. Cada jurisdicción determinará sus fuentes presupuestarias. Los manuales y mapas orientan la planificación; las sedes y capacidades se verifican localmente.
Cada manual desarrolla la aplicación de los diez módulos en su jurisdicción, con actividades, criterios de evaluación y orientaciones para la capacitación.
Ver atlas de las 24 jurisdicciones ↗
El proyecto propone una implementación gradual, sujeta a capacidades institucionales y disponibilidad presupuestaria.
Inventariar recursos y dispositivos existentes, definir lineamientos y construir una línea de base.
Priorizar formación, convivencia y prevención, con apoyos y evaluación durante la etapa inicial.
Documentar resultados y decidir la expansión según evidencia, capacidades y recursos disponibles.
La memoria fiscal presenta los datos disponibles del Proyecto de Presupuesto 2027. Educación y APN mantienen programación separada. La ejecución y los aportes federales se sujetan a los créditos autorizados, a su disponibilidad y a la Ley de Administración Financiera.
Consultá el articulado y los anexos de la propuesta, junto con los manuales y las herramientas de aplicación. Los documentos se consultan por páginas en el visor de lectura en línea.
Conocé la propuesta. Compartí el proyecto.
Abramos una conversación sobre la educación y el servicio público que queremos construir.